LA NECESARIA IGUALDAD EN EL ÁMBITO JURÍDICO-POLÍTICO
Algunas consideraciones previas.
La mescolanza en la que se mueven justicia, política, sociedad en general o las religiones, nos han llevado a una situación de caos extraordinario. Todo está conducido por un discurso cínico, por una máscara constante, en la que la prestidigitación está escrupulosamente presente. A veces se hace difícil pensar en que exista la posibilidad real de generar un cambio, el cambio del que tanto se habla. Puede que en el fondo sólo podamos aspirar a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Aspiramos a ello. Pero también nos preguntamos si será suficiente.
Esta mezcla del todo ponzoñosa se hace evidente en las actitudes misantrópicas y refinadamente perversas de la injusticia moral. De hecho podríamos decir que la injusticia siempre es inmoral. Ya tenemos experiencia -como sociedad- de cuál es el resultado de la mezcla de lo político con lo económico y de lo político con lo espiritual y cultural. Y hemos conocido las consecuencias de la mezcla de lo político en lo legislativo y cómo la justicia, que debería ser libre, es rehén de las coartadas políticas. Hemos visto con nuestros propios ojos y sufrido en nuestras propias carnes el desastre provocado por un sistema político que ha destruido la economía, endeudándose más allá de lo que sería coherente (nadie en su sano juicio llevaría su economía personal como lo han hecho nuestros gobiernos) y como esta misma economía se ha ”hecho cargo” de lo político emponzoñándolo todo.
Lo económico sujeto a lo político se desvitaliza. Lo político sujeto a lo económico se destruye. Lo uno vampiriza a lo otro y viceversa. La crisis actual es una muestra de lo mal que se llevan entre si las diferentes áreas cuando están asociadas. Y lo hacen porque están mezcladas. Si actuaran con plena autonomía las unas de las otras y cooperaran entre sí, el resultado podría ser del todo diferente. El desastre actual -en una sociedad coherente- debería comportar una reflexión que nos llevara a la comprensión y posteriormente al cambio.
Eso sólo sería posible si surgiera un nuevo modelo social, un nuevo orden social que hiciera frente al “nuevo” orden global. Sin embargo, un nuevo movimiento social sólo puede surgir del deseo, y ese deseo de la necesidad. La necesidad es evidente que existe. Lo que no es tan seguro es que el deseo genere suficientes fuerzas de valor para acometer los profundos retos sociales – por otro lado – tan necesarios en estos momentos. Es vital, que el organismo social como tal, (y por eso lo llamamos organismo), funcione con la misma precisión que lo hace un organismo humano. En el fondo los desastres provienen por la gran desemejanza que existe entre el sistema actual y la realidad. Todo el organismo humano es un ejemplo de cómo diversas áreas, por separado, cooperan entre sí para mantener la vida. Por otra parte, no le podemos pedir a un riñón que actúe como un hígado y a éste como un cerebro. Sin embargo, eso es lo que ocurre precisamente en el tema político-jurídico-social.
El ser humano es una entidad creadora. Todo objeto artificial existente, todo cuanto haya en nuestro entorno, naturaleza a parte, está hecho por un ser humano. Somos creadores y generamos objetos y sistemas complejos. Máquinas (nuestros ordenadores son un buen ejemplo) que funcionan como nosotros: a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué en lo político, jurídico, social y económico, no? Si no aprendemos a ordenarnos conforme a la realidad, si no entendemos que tenemos que aprender de lo adverso del sistema, no podremos cambiar de modelo y continuaremos reproduciendo modelos enfermos y dañinos. Tenemos que conocernos como seres humanos y creernos en nuestras capacidades como entidades creadoras, porque lo que creemos como seres humanos sostiene nuestra conciencia.
¿El cambio es posible desde la igualdad jurídica? Podríamos de decir que no sólo, pero también.
Separar para ganar. ¿Por qué es necesaria la igualdad en el ámbito jurídico-político? La respuesta correcta a esta pregunta sería todo un detalle. La respuesta adecuada implicaría que habríamos sabido actuar como una humanidad solidaria que sabe leer los signos de los tiempos y actuar en consecuencia. No es, no va a ser fácil. Nunca lo fue. De entrada cualquier aproximación a la realidad actual nos lleva a ver que estamos ante un sistema mecanicista materialista y las consecuencias de su aplicación a la sociedad a partir del darwinismo social han generado interpretaciones de un ser humano mecanizado.
El salario de un trabajador es sólo mercancía. El mismo trabajador es mercancía, sobre todo –y sin ningún recato – (faltaría más) desde que se generó su transformación en “recurso humano”. Ese es todo su valor: un recurso. Y no solamente es ese uno de sus hándicaps. Nuestra sociedad se ha dividido en “clases” muy evidentemente desde el pasado siglo XX, eso es precisamente lo que ha procurado el sistema. La cuestión es que una de las bases sociales importantes fue la del proletariado, pero ese proletariado con conciencia de clase, acaba pensando como un burgués, porque eso es lo que le han vendido las clases dominantes que han instalado sus ideas autoritarias. Antiguamente era posible una lucha de clase que provenía del proletariado consistente en no dejarse explotar. Posteriormente el “mercado” envenenó la manzana y la aspiración era aburguesarse, aspirar a ser “como ellos”.
Ahora es el tiempo del miedo para no dejar de ser como ellos. ¿Cómo llegar a la necesaria igualdad? Promoviendo un sistema limpio en el que los jueces no son elegidos por los políticos, sino por la sociedad. Asegurando que lo político pueda trabajar al lado de lo jurídico, pero sin mezclarse. Que la independencia judicial sea una realidad. Que lo judicial pueda transformar lo social en beneficio de lo esencialmente humano. Hay que considerar que el derecho público es la verdadera esfera política. El derecho público tiene que estar en relación con lo que es puramente humano, a las relaciones entre seres humanos. Es la política dedicada a lo humano y separada de lo económico que sólo debería estar relacionado con producción, servicios, circulación y consumo de mercancías.
La economía debe estar separada de lo jurídico. Además sería muy conveniente la creación de un Órgano Superior independiente, que tutelase la buena marcha de la economía. Necesitamos acondicionar la Constitución. Estamos en un orden social que ha nacido bajo el dominio de las clases dirigentes que han generado un sistema económico perverso que ha cerrado -desde sí mismo- todo camino posible hacia un cambio. Ese camino existe y debe ser abierto. Si no hay otro remedio habrá que encontrar las fuerzas que generen el impulso, el empuje para hacerlo, porque “esto” -como todos vamos viendo- “no puede seguir así”.
Los proletarios del mundo creen haber obtenido una fuerza fundamental al hablar de su “conciencia de clase”, pero lo que realmente hubiera debido de sostener su alma es la conciencia de su dignidad humana, “conciencia de humanidad”. Esa conciencia de humanidad puede hacernos ver que hay que separar para vencer inercias. No puede ser que, como hasta ahora, los circuitos económicos en los que sólo debería moverse lo mercantil, (mercados y consumo), circule también la fuerza de trabajo humana y sus derechos. En lo económico hoy circulan mercancías, el consumo; circula la fuerza del trabajo humano y circulan los derechos. Consumo por trabajo y consumo por derechos. Sólo hay que ver en España como han quedado los derechos de los trabajadores después de la reciente modificación en la legislación. Un estado constitucional con fundamento democrático debe tener una base jurídica transparente que tenga que ver con lo que afecta a todas las personas de la misma manera, de forma que los derechos (incluso de propiedad) no se conviertan nunca en abusos (también de propiedad).
De hecho la propiedad debería tender a lo colectivo cuando es a todas luces colectivo. Entonces podríamos decir: la tierra es de la comunidad; como sucede -por ejemplo- en Groenlandia. Sólo lo que se hace sobre ella es particular y privado. Los impuestos derivados de la actividad realizada sobre lo colectivo, revierten sobre lo colectivo. El municipio (sus representantes legales) sólo lo administran para el bien común. En definitiva, una justicia coherente es aquella que es capaz de definir los lindes entre lo privado y público sin afectar a la libertad personal. No hay libertad sin derecho a ella y ese derecho es la justicia quien debe dárselo. La Justicia es previa a la libertad.
Alfons Vinyals Arnau Junio 2012
